La situación de los pueblos indígenas de Bolivia

Fuente: Alianza del Clima

Los indígenas forman la mayoría de la población con 4,2 Millones de 34 pueblos diferentes. Los pueblos más grandes son los Quechuas (2.899.000) y Aymaras (1.785.000), que viven en el Altiplano. Otros grupos poblacionales son los Chiquitano (20.000), los Chiriguano (15.000), los Tsimané (5.500) y los Guaruyu (5.000). Mediante su lucha constante las organizaciones lograron el reconocimiento de comunidades indígenas como sujetos jurídicos. Además, se integraron a la vida política de la Nación las autoridades indígenas sus normas y procesos de solución de conflictos. En todos los partidos políticos de Bolivia hay representantes de los pueblos indígenas. Con Víctor Hugo Cárdenas un Aymara llegó al cargo de Vice-Presidente (desde 1993 hasta 1997). Sin embargo, el carácter multiétnico del Estado y los derechos de las poblaciones indígenas aún no son aceptados por la totalidad de la sociedad boliviana.

La organización política de los pueblos indígenas de Bolivia es la CIDOB, (Confederación de los pueblos indígenas de Bolivia) fundada en 1982, la cual representa a 41 pueblos con 300.000 personas en total. Su objetivo principal es el aseguramiento de los títulos de tierra para el territorio indígena. A pesar de que se sentaron las bases legales para esto, resulta muy difícil la realización a causa de la negativa del latifundista.

El movimiento indígena boliviano tiene una larga tradición de protestas y resistencias, que se plasma en alianzas inestables, marchas en la capital y violentas opresiones por parte de la policía y el ejército. Ya en 1990 las organizaciones indígenas portestaron en la ciudad de La Paz, con una marcha por los derechos de tierras y contra la desconsiderada explotación de los bosques. En el año 1991, Bolivia también ratificó la Convención ILO Nr. 169 y, en las elecciones municipales de 1995, se eligieron a muchos representantes indígenas en los gobiernos municipales. La Ley nacional de tierras del año 1996 adjudicó títulos de ocho territorios a grupos indígenas y de otros 16, se prometió su adjudicación posterior. Sin embargo, este proceso no progresó porque la revisión de los derechos a tierras resulta muy difícil y los latifundistas se defienden utilizando todos los medios. A pesar de que se reconocieron formalmente los derechos humanos y también los derechos indígenas especiales, los conflictos violentos llevan a infracciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.

La protección de los recursos genéticos y la conservación de los conocimientos indígenas tradicionales presentan otras áreas de trabajo importantes de la CIDOB. La creciente presión a causa de la bioprospección por orden de grandes empresas farmacéuticas, las cuales buscan nuevos recursos biológicos en zonas indígenas, ha hecho necesaria la creación de reglamentaciones, en cuya formulación participó activamente la CIDOB. Por ello, se debe regular el acceso a los recursos genéticos y garantizar la participación de los grupos indígenas de las posibles ganancias.

Tanto el Parque Nacional Gran Chaco en Bolivia, una zona con una gran variedad biológica como la población indígena residente se encuentran amenazados a causa de un proyecto comunitario entre Bolivia y Brasil. Con ayuda de créditos del Banco Mundial, ambos países construyeron un gasoducto de casi 2.500 km de longitud desde Bolivia hasta Brasil, a fin de transportar gas natural boliviano (de Santa Cruz) hacia la costa atlántica brasileña (a San Pablo). El proyecto se terminó en marzo de 2000. El gasoducto corta el Parque Nacional Gran Chaco en Bolivia, el Pantanal boliviano y brasileño y el bosque tropical en el sudeste de Brasil. Al mismo tiempo, se está construiyendo una avenida a lo largo del gasoducto, la cual sacará a nuevos colonos.

En el núcleo del levantamiento producido en el otoño de 2003 se encontraron el sindicato de agricultores de las zonas de cultivo de coca, el movimiento organizado de agricultores indígenas y los inmigrantes de las ciudades del Altiplano. Causa de la protesta: las medidas económicas del gobierno, especialmente la venta planificada de gas natural a los Estados Unidos de Norteamérica y México a través de Chile. Sin embargo, detrás de todo esto había un tedio de una mayoría de la población por la cultura política del país, por el ejercicio del poder de la pequeña élite dirigente de mestizos y de una política en la cual la mayoría siente que sus intereses no son considerados.

Ya en las elecciones parlamentarias del año 2002 se mostraron protestas, cuando dos nuevos partidos indígenas lograron éxitos inesperados. Estos partidos fueron el MIP (Movimiento Indígena Pachacútec) y el partido de los productores de coca MAS (Movimiento al Socialismo), que se tiene por portavoz de distintos movimientos sociales. Igualmente, en los otros partidos ganaron los grupos indígenas en influencia, lo que en total condujo a que actualmente el 30 % de los políticos parlamentarios sean indígenas. Esta alta participación explica que la integración de los indígenas en el proceso democrático formal no es en absoluto una condición suficiente para la igualdad de derechos. Por el contrario, tanto las reformas estatales y democráticas como las sectoriales, especialmente en el área de utilización de los recursos naturales, no deben realizarse sin su participación como actores centrales.

Texto actualizado: Maryhen Jiménez (Abril 2010)